La Contraloría tiene la potestad de sancionar con inhabilitación para el ejercicio de la función pública de hasta 5 años a los funcionarios y servidores públicos, en caso incurran en alguna de las 32 conductas infractoras graves y muy graves incorporadas a través de la Ley N° 31288, vigentes a partir del 21 de julio del 2021.

Dicha responsabilidad es identificada en los informes de control posterior emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, en virtud a lo cual, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente, contando para tal efecto con órganos instructores, sancionadores y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

En tal sentido, resulta de crucial importancia que los funcionarios y servidores públicos conozcan los alcances de las conductas infractoras que contempla la Ley N° 31288, a fin de generar conciencia sobre las consecuencias jurídicas a las que estas conllevan, y prevenir que se incurran en las mismas.

Ponente: Luis Arturo Dextre Solis
Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con más de 16 años de experiencia profesional.