El conflicto universitario se intensifica con la toma de facultades y diversas modalidades de protesta. En respuesta, el gobierno decidió modificar una resolución del Procurador del Tesoro para permitir una nueva auditoría a las universidades, sumándose a las ya existentes. La medida busca fiscalizar los gastos operativos, aunque la mayoría del presupuesto universitario se destina a sueldos.

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